La reforma incorpora mejoras en inversiones, promoción y enoturismo para facilitar la transición hacia la próxima Política Agraria Común.
Las ayudas destinadas al sector vitivinícola no se interrumpirán en 2028. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación de la normativa que regula la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) con el objetivo de garantizar la continuidad de las convocatorias mientras entra en vigor el nuevo marco de la Política Agraria Común (PAC), previsto para el periodo 2028-2034.
La reforma adapta además la normativa española a las medidas incluidas en el denominado paquete europeo del vino, aprobado por la Unión Europea este año, e incorpora varios cambios destinados a facilitar las inversiones y reforzar la competitividad de bodegas y viticultores.
Ayudas sin interrupciones
Uno de los principales objetivos de la modificación es evitar un vacío entre el final de la actual PAC y la entrada en vigor de la siguiente programación. Dado que algunas líneas de ayuda deben convocarse con uno o incluso dos años de antelación, el Gobierno amplía el horizonte de la normativa vigente para que las ayudas puedan seguir concediéndose y abonándose también durante 2028.
Con esta medida se ofrece mayor seguridad jurídica a bodegas, cooperativas y demás operadores del sector que tengan previsto presentar proyectos de inversión o acogerse a las distintas líneas de apoyo.
Más apoyo a las inversiones y al enoturismo
Entre las novedades incorporadas figura la adaptación de las ayudas a las medidas aprobadas por la Unión Europea. En el ámbito de las inversiones, la reforma elimina algunas restricciones y reformula determinados conceptos para incluir de forma expresa la comercialización ligada al enoturismo entre las actuaciones subvencionables.
La norma también prevé una convocatoria adicional de ayudas a inversiones con cargo a las anualidades 2028 y 2029, de manera que los proyectos puedan mantener su continuidad durante el periodo de transición hacia la nueva PAC.
Promoción y apoyo a pequeños productores
La modificación incorpora igualmente otros ajustes previstos en el paquete legislativo europeo. Entre ellos destaca la posibilidad de ampliar hasta un máximo de nueve años el apoyo a determinadas acciones de promoción y comunicación de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida (IGP) e indicación de variedad en terceros países, siempre dentro de las condiciones fijadas por la normativa comunitaria.
Además, se introducen criterios de prioridad para facilitar el acceso de pequeños productores a estas ayudas y se realizan ajustes técnicos en las intervenciones de reestructuración y reconversión de viñedos y en la cosecha en verde con el objetivo de mejorar su aplicación.
Con esta reforma, el Gobierno busca asegurar que las distintas líneas de apoyo al sector vitivinícola mantengan su continuidad durante el periodo de transición entre marcos de la PAC y adaptar la normativa española a las últimas decisiones adoptadas por la Unión Europea, ofreciendo un marco más estable para la planificación de inversiones y proyectos en las bodegas.
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