La nueva normativa de autorizaciones extiende hasta el año 2045 el sistema de control del potencial productivo.
El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que busca adaptar la normativa nacional vigente sobre el potencial de producción vitícola a las novedades introducidas en el sistema de autorizaciones de viñedo por la nueva Política Agraria Común (PAC).
Con este nuevo texto legislativo se busca finalizar el sistema de control del potencial productivo en España, extendiéndolo hasta el año 2045. Esta adaptación permitirá mantener el crecimiento ordenado del potencial vitícola del país, ya que introduce mejoras en el procedimiento de reparto de autorizaciones de nuevas plantaciones, entre otras cuestiones.
Una de las principales novedades es la introducción de un ajuste del criterio de prioridad relativo a las pequeñas y medianas explotaciones. A partir de ahora, se tendrá en cuenta solo la superficie de viñedo de la explotación, en lugar de la superficie agraria total de la explotación. De esta manera, se busca dar prioridad a las explotaciones de menor tamaño, ya que son las que presentan mayores dificultades para acceder a las autorizaciones de nuevas plantaciones.
Además, se han modificado las puntuaciones de dicho criterio para priorizar a las solicitudes de medianas explotaciones vitícolas. Con esta medida, se busca favorecer a los proyectos con mayor viabilidad y perdurabilidad en el tiempo, que garanticen una mejor salida de su producción en el mercado.
TE PUEDE INTERESAR: Superficie de viñedo en España en 2022
Nueva legislación
La nueva normativa sobre las autorizaciones de viñedo a partir de 2023 también añade como excepción de la aplicación del sistema de autorizaciones el establecimiento de colecciones de variedades de vid para la conservación de recursos genéticos.
Otra de las novedades introducidas en el real decreto es la posibilidad de transferir autorizaciones en el caso de la disolución de una explotación de titularidad compartida. De esta manera, se busca facilitar la continuidad de las explotaciones en caso de disolución, evitando que se pierdan las autorizaciones adquiridas. Además, se ha prohibido la comercialización de la producción de una plantación de viñedo sin autorización hasta el momento de su arranque.
Este real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, pero las modificaciones en el criterio de prioridad de pequeña y mediana explotación vitícola, se aplicarán de forma retroactiva a las solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones que se presenten entre el 15 de enero y el 28 de febrero de 2023.
