La Orden 23/2024 actualiza la gestión de orujos, lías y otros subproductos de la vinificación en Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha ha publicado una nueva normativa modificada que afecta a las bodegas y cooperativas de la región: la Orden 23/2024, que regula qué deben hacer con los subproductos que quedan tras elaborar vino —como los orujos o las lías— y cómo se gestionarán las ayudas destinadas a su destilación durante los próximos años.
Aunque se trata de un tema técnico, tiene impacto en buena parte del sector vitivinícola castellanomanchego y forma parte de los cambios que introduce la nueva Política Agraria Común (PAC).
¿Qué son estos “subproductos del vino”?
Cuando se elabora vino no todo es mosto y fermentación, quedan restos de pieles, pepitas, hollejos o depósitos naturales del vino. Son los llamados subproductos de la vinificación.
Tradicionalmente, estos restos pueden enviarse a destilerías para transformarlos en alcohol destinado a usos industriales o energéticos.
¿Qué cambia con la nueva orden?
La principal novedad es que la retirada de estos subproductos sigue siendo obligatoria, pero ahora se actualizan los requisitos, los controles y los plazos.
Entre las claves: Todas las bodegas deben retirar estos restos, salvo las más pequeñas, que produzcan menos de 50 hectolitros por campaña; Los subproductos pueden entregarse a una destilería o gestionarse mediante un sistema de retirada autorizado; y las entregas a destilación deben hacerse antes del 15 de junio cada año.
El objetivo es doble, por un lado garantizar la calidad del vino evitando prácticas como el sobreprensado de uvas, y por otro asegurar una correcta gestión ambiental de los residuos.
¿Hay ayudas económicas?
Sí. La nueva normativa también activa las ayudas europeas para las destilerías que transforman estos subproductos. Estas ayudas no van dirigidas directamente a las bodegas, sino a las empresas que realizan la destilación.
Los importes van en función del alcohol que obtienen a partir de los orujos o las lías, y la destilación debe destinarse exclusivamente a usos industriales o energéticos.
Este cambio normativo afecta principalmente a bodegas y cooperativas, que deberán gestionar sus subproductos conforme a los nuevos requisitos. Y a las destilerías de la región, que podrán optar a las ayudas si cumplen las condiciones.
Para la ciudadanía, estos procesos suelen ser poco visibles, pero influyen en la calidad, la sostenibilidad y la trazabilidad del sector vitivinícola, uno de los motores económicos de Castilla-La Mancha.
