El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha analiza la vendimia de 2026, advierte sobre la pérdida de rentabilidad de los viticultores y reclama precios justos, menos burocracia y medidas para garantizar el futuro del viñedo.
La vendimia de 2026 vuelve a poner sobre la mesa los desafíos del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha. Las elevadas temperaturas, la menor producción estimada y las dificultades de comercialización dibujan un escenario complejo para los viticultores, que siguen reclamando precios capaces de cubrir sus costes.
En esta entrevista con VINOSCLM MEDIA, José María Fresneda, presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, analiza el balance de la campaña, las relaciones comerciales entre agricultores y bodegas y las medidas necesarias para garantizar la rentabilidad del viñedo. También aborda la futura PAC, las ayudas a la reestructuración, los posibles programas de arranque voluntario y el relevo generacional.
Entrevista a José María Fresneda, presidente de ASAJA Castilla-La Mancha
- Tras las últimas movilizaciones del campo y ante las nuevas protestas convocadas, ¿cuál es la situación actual de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha? ¿Qué problemas están comprometiendo más seriamente la continuidad de sus explotaciones?
La situación es muy preocupante. Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha estamos soportando una pérdida de rentabilidad que amenaza directamente la continuidad de muchas explotaciones. Producir alimentos es cada vez más caro, las exigencias administrativas y normativas no dejan de aumentar y, sin embargo, los precios que percibimos no evolucionan al mismo ritmo que los costes.
A esto se suman la presión de las importaciones, las dificultades para acceder al agua, los daños provocados por la fauna cinegética, la falta de mano de obra y una incertidumbre creciente sobre las políticas agrarias europeas.
«No podemos permitir que toda la presión económica recaiga sobre quien produce la uva»
La concentración que celebramos el pasado 6 de octubre en Toledo, con 2.000 personas y 120 tractores, fue una demostración del hartazgo del sector. Y las movilizaciones continúan porque los problemas siguen sin resolverse. El próximo 28 de octubre estaremos en Madrid, junto con COAG y Unión de Uniones, para reclamar medidas concretas.
No pedimos privilegios. Pedimos poder producir alimentos y vivir dignamente de nuestro trabajo. Si una explotación no obtiene rentabilidad, no hay inversión, no hay relevo generacional y, al final, se abandona la actividad. Y cuando desaparece la agricultura, desaparece también una parte esencial de la economía de nuestros pueblos.
- Castilla-La Mancha es una de las grandes regiones vitivinícolas de Europa, pero el volumen de producción no siempre se traduce en rentabilidad para el agricultor. ¿Qué balance hace de la campaña vitícola de 2026 y cómo describiría la situación actual de los viticultores de la región?
La vendimia de 2026 ha sido una de las más cortas de las últimas décadas y también una de las más difíciles por las condiciones meteorológicas. Las altas temperaturas llegaron muy pronto, con máximas superiores a los 37 grados ya en mayo. A esto se sumaron varias olas de calor y la falta de lluvias durante buena parte del ciclo, lo que ha reducido notablemente la producción. La producción regional se sitúa por debajo de los 19 millones de hectolitros de vino y mosto, lejos de los 23 o 24 millones que suelen alcanzarse en una campaña media.
La nota positiva es el buen estado sanitario de la uva, que permite prever vinos de gran calidad. Sin embargo, una buena cosecha no garantiza por sí sola una rentabilidad adecuada.
Los precios varían según las zonas y los compradores. El mercado atraviesa una situación complicada: el consumo de vino sigue cayendo y la comercialización avanza lentamente. Si a ello sumamos los desmesurados costes de producción y el esfuerzo que han hecho nuestros viticultores para modernizar sus explotaciones, entenderemos que su situación no es la mejor del mundo. El viticultor cumple con su labor cuando entrega la uva, pero debe recibir por ella un precio justo.
- Los costes de producción siguen siendo una de las principales reivindicaciones del campo. ¿Qué gastos están condicionando especialmente la rentabilidad del viñedo y qué medidas considera prioritarias para aliviar la presión económica sobre los viticultores?
Los costes de producción se han convertido en uno de los principales problemas del campo. En el viñedo, como en otros cultivos, el encarecimiento acumulado de los últimos años ha reducido enormemente los márgenes de las explotaciones. El gasóleo, los fertilizantes, los productos fitosanitarios, la energía eléctrica, el mantenimiento de la maquinaria y el transporte representan una carga cada vez más difícil de asumir.
«Las ayudas pueden aliviar determinadas situaciones, pero no sustituyen a una actividad rentable»
En el viñedo también influyen otros factores, como las olas de calor, la falta de agua, las restricciones al regadío y los daños de los conejos, que ocasionan pérdidas importantes. El agricultor asume todos esos riesgos, pero no tiene capacidad para trasladar automáticamente el incremento de sus costes al precio que recibe por la uva.
Necesitamos medidas, pero hay una cuestión de fondo: las ayudas pueden aliviar determinadas situaciones, pero no sustituyen a una actividad rentable. Necesitamos precios que cubran los costes reales, normas adaptadas a la realidad del campo y políticas agrarias que permitan producir, invertir y mantener las explotaciones.
- La reclamación de precios justos vuelve a estar en el centro del debate agrario. Pese a la existencia de la Ley de la Cadena Alimentaria, ¿por qué siguen denunciándose precios de la uva que no permiten cubrir los costes de producción? ¿Qué debería cambiar en las relaciones comerciales entre viticultores, bodegas y compradores?
La Ley de la Cadena Alimentaria establece que el productor no puede vender por debajo de sus costes de producción, pero seguimos viendo prácticas que ponen en duda su cumplimiento. Por ejemplo, seguimos encontrando en algunos supermercados vinos de La Mancha por menos de un euro, un precio que apenas cubre el coste de la botella y que genera dudas sobre quién asume las pérdidas.
Necesitamos costes de producción bien calculados y, para ello, se debe poner en marcha el Observatorio de Costes de Castilla-La Mancha que llevamos años demandando. A partir de ahí, se deben garantizar contratos transparentes, controles efectivos y sanciones cuando se incumpla la ley.
Cada eslabón de la cadena debe asumir su responsabilidad. No podemos permitir que toda la presión económica recaiga sobre quien produce la uva.
- La futura PAC 2028-2034 y los acuerdos comerciales con terceros países generan incertidumbre en el sector. ¿Qué consecuencias pueden tener para los viticultores de Castilla-La Mancha y qué condiciones considera imprescindibles para garantizar su competitividad?
Nos preocupa el futuro de la Política Agraria Común. Necesitamos una PAC fuerte, con presupuesto suficiente y capaz de dar estabilidad a agricultores y ganaderos, sin poner en riesgo la producción de alimentos.
Defendemos que se mantengan los dos pilares de la PAC, con financiación propia y suficiente, sin desviar fondos de los pagos directos hacia otras políticas. El presupuesto agrario debe llegar a los agricultores y ganaderos, que son quienes mantienen la actividad económica, generan empleo y fijan población en el medio rural. También reclamamos una política agraria adaptada a cada territorio, con objetivos ambientales realistas y compensaciones por los costes que asumen las explotaciones.
En los acuerdos comerciales con terceros países, exigimos reciprocidad. No es justo que los agricultores europeos deban cumplir normas cada vez más estrictas mientras compiten con productos importados que no están sujetos a las mismas condiciones. No se trata de cerrar mercados, sino de garantizar una competencia en igualdad de condiciones.
Castilla-La Mancha necesita una PAC que proteja su capacidad productiva, impulse la modernización del viñedo y dé estabilidad al sector. La soberanía alimentaria no se garantiza dependiendo cada vez más de terceros países, sino manteniendo un sector agrario fuerte, competitivo y rentable.
- Otra de las reivindicaciones recurrentes es la reducción de la burocracia. ¿Qué obligaciones administrativas dificultan más el trabajo diario de los viticultores y qué simplificaciones deberían abordarse con mayor urgencia?
La burocracia se ha convertido en una carga que quita tiempo y recursos a los agricultores. Cada vez dedicamos más esfuerzos a cumplir trámites, presentar documentación, resolver incidencias y justificar actuaciones, cuando nuestra prioridad debería ser trabajar en la explotación y producir alimentos.
Por ejemplo, las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo en Castilla-La Mancha. La tramitación se alarga durante meses y, al final, muchos agricultores se enfrentan al riesgo de quedarse fuera por falta de presupuesto o por criterios administrativos alejados de la realidad del campo. Es el caso del criterio de despoblación, que deja fuera a municipios con una importante actividad vitícola.
«La burocracia se ha convertido en una carga que quita tiempo y recursos a los agricultores»
Necesitamos normas claras, estables y adaptadas a la realidad de las explotaciones, además de menos trámites y una mejor coordinación entre administraciones. Las ayudas deben llegar a quienes cumplen los requisitos, sin que una planificación presupuestaria insuficiente frustre sus expectativas. Nuestra prioridad debe ser simplificar procedimientos, reducir documentación innecesaria, agilizar las resoluciones y garantizar que las ayudas lleguen en tiempo y forma.
También llevamos mucho tiempo pidiendo que se trate al agricultor como un profesional que desarrolla una actividad esencial, no como alguien bajo sospecha permanente. Los controles son necesarios, pero deben aplicarse con proporcionalidad, confianza y sentido común.
- El sector vitivinícola también afronta el reto de adaptar su producción a la evolución de la demanda. ¿Qué medidas considera necesarias para lograr ese equilibrio? ¿Cómo valora las actuales ayudas a la reestructuración del viñedo y qué opinión le merecen los posibles programas de arranque voluntario?
El sector vitivinícola atraviesa una etapa de cambios. El consumo de vino desciende, los hábitos de los consumidores evolucionan y la comercialización afronta nuevas dificultades. Por eso, debemos adaptar la producción a la demanda, pero sin perder de vista la rentabilidad del viticultor.
Desde ASAJA Castilla-La Mancha defendemos un modelo basado en la calidad, la trazabilidad y la orientación al mercado. No se trata de producir más o menos, sino de ofrecer lo que el consumidor demanda a un precio que permita rentabilizar las explotaciones.
También es necesario impulsar el consumo, abrir mercados y reforzar la promoción de nuestros vinos. Contamos con uva de gran calidad y una enorme capacidad productiva, pero necesitamos que bodegas y cooperativas sigan adaptándose y mejoren su comercialización.
Las ayudas a la reestructuración del viñedo son fundamentales para modernizar las explotaciones, mejorar su competitividad y adaptarse a retos como la falta de mano de obra. Por eso, reclamamos presupuesto suficiente y criterios justos que permitan acceder a las ayudas a todos los viticultores que cumplan los requisitos.
En cuanto a un posible programa de arranque, defendemos que sea voluntario, selectivo y definitivo para quienes se acojan a él. Puede ayudar a equilibrar la oferta y la demanda, pero debe aplicarse con una estrategia clara y sin poner en riesgo el potencial productivo del sector.
El objetivo es alcanzar un equilibrio entre producción, demanda y rentabilidad, combinando medidas puntuales con políticas que impulsen el consumo, la comercialización y la calidad.
- Mirando a los próximos cinco años, ¿qué decisiones deberían tomar las administraciones y el propio sector para garantizar la rentabilidad del viñedo y favorecer el relevo generacional en Castilla-La Mancha?
En los próximos cinco años y a largo plazo, las administraciones deben garantizar la rentabilidad del sector y las condiciones necesarias para mantener nuestro sistema productivo. Necesitamos una PAC con presupuesto suficiente, el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y una gestión del agua basada en criterios técnicos y en las necesidades reales del campo.
Por su parte, el sector debe seguir apostando por la modernización del viñedo y la calidad de la uva, mientras que bodegas y cooperativas deben seguir esforzándose por mejorar la comercialización. Como decía antes, el objetivo es adaptar la producción a la demanda sin perder de vista la rentabilidad del viticultor.
Otro reto fundamental es el relevo generacional. Debemos facilitar que los agricultores mayores puedan cerrar su etapa profesional en buenas condiciones y que los jóvenes encuentren oportunidades para incorporarse al campo. Para ello, necesitan explotaciones rentables, acceso al agua y a la tierra, y estabilidad para invertir y desarrollar su actividad.
En definitiva, el viñedo solo tendrá futuro si permite vivir dignamente de él. Ese debe ser el compromiso compartido de las administraciones y del propio sector.
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