ASAJA advierte de movilizaciones ante la falta de rentabilidad, la gestión de los fondos europeos y la plaga de conejos.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Castilla-La Mancha (ASAJA Castilla-La Mancha) ha lanzado un serio aviso: si no se adoptan medidas urgentes para frenar la crisis de rentabilidad que asfixia a las explotaciones, la región se enfrentará a una «primavera caliente» de protestas y movilizaciones.
José María Fresneda, presidente de la organización, ha sido tajante al señalar que el sector no puede esperar más ante la falta de respuestas reales por parte de las administraciones.
Las 3 claves que amenazan la paz social en el campo
El malestar de los agricultores castellanomanchegos no es casual. ASAJA ha puesto sobre la mesa tres puntos críticos que están dinamitando la viabilidad del sector:
- Fondos europeos sin ejecutar: La organización denuncia la devolución de 35 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural (PDR) que no han llegado a los agricultores, sumado a los retrasos en los pagos de reestructuración y relevo generacional.
- El «muro» del regadío y la burocracia: Un joven agricultor que intenta emprender en Castilla-La Mancha se enfrenta a esperas de entre 4 y 5 años para resolver expedientes hídricos y evaluaciones ambientales.
- La crisis de la PAC y los mercados: Critican que los acuerdos comerciales internacionales hunden los precios locales mientras las normativas europeas son cada vez más exigentes y costosas de cumplir.
Guerra contra la plaga de conejos y denuncia ante la Fiscalía
Uno de los puntos más tensos de esta «ofensiva» de ASAJA es la vía judicial. La organización ha elevado a la Fiscalía Provincial de Toledo una denuncia por los daños persistentes de la sobrepoblación de conejos.
Sostienen que las medidas actuales son parches ineficaces y piden que se investiguen posibles responsabilidades por prevaricación administrativa, al considerar que no existe voluntad política para atajar el problema de forma estructural.
Un modelo hídrico en entredicho
ASAJA CLM no solo pide ayudas, exige una auditoría hídrica regional para conocer el agua real disponible y una revisión de las zonas ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves), que actualmente limitan la plantación de cultivos leñosos y el crecimiento de nuevas explotaciones en la región.
El calendario de movilizaciones queda ahora pendiente de la reacción del Ejecutivo regional, en lo que promete ser un trimestre decisivo para el futuro agroalimentario de Castilla-La Mancha.
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