La propuesta de la Comisión Europea reduce drásticamente los fondos agrarios para 2028-2034, afectando de lleno a agricultores castellanomanchegos.
La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un tijeretazo histórico a la Política Agraria Común (PAC): un recorte de hasta el 22% en su presupuesto para el periodo 2028-2034. Esto supone pasar de unos 385.000 millones de euros a 300.000 millones, lo que ya ha encendido las alarmas en el campo español y especialmente en regiones como Castilla-La Mancha, que vive en gran parte de la agricultura y ganadería y cuyo territorio hasta en un 80 por ciento es puramente rural.
¿Qué significa este recorte?
La propuesta implica que España perdería casi un 20% del dinero que venía recibiendo para ayudas agrarias y de cohesión, pasando de unos 100.000 millones a cerca de 80.000. En el caso de Castilla-La Mancha, uno de los principales receptores de fondos PAC, el impacto puede ser severo, afectando directamente al relevo generacional, la viabilidad de pequeñas explotaciones y los planes de modernización rural.
¿Por qué se recorta la PAC?
Bruselas plantea una redistribución del gasto que prioriza nuevas políticas de seguridad y defensa a nivel europeo. Además, propone reestructurar los fondos actuales: se eliminarían las ayudas del segundo pilar (desarrollo rural) para integrarlas en programas más centralizados, gestionados en parte por los Estados miembros.
España experimentará una rebaja en su asignación total a partir de 2027, recibiendo 88.100 millones de euros. De esta cantidad, una gran parte (79.900 millones) se asignará a fondos agrícolas y pesqueros y a programas regionales, una cifra notablemente inferior a los aproximadamente 100.000 millones recibidos en el ejercicio previo.
Malestar en las organizaciones agrarias
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ya ha expresado su “profunda decepción” con el borrador europeo y ha anunciado que España se opondrá frontalmente en las negociaciones, que podrían extenderse durante varios años.
Desde el sector agrario, las principales organizaciones consideran esta medida como “un mazazo para el campo”, alertando de su impacto en zonas rurales que ya enfrentan despoblación, escasa rentabilidad y dificultades estructurales.
«Nuestra primera impresión es que quedan desvirtuados tanto el apoyo al desarrollo rural como a regiones menos desarrolladas, con el enorme coste territorial y político que ello puede conllevar», ha lamentado el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, durante su intervención en la reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE.
¿Y ahora qué?
Aunque la propuesta aún no es definitiva —debe pasar por el Consejo y el Parlamento Europeo—, marca el inicio de un debate clave para el futuro del campo europeo. En Castilla-La Mancha, donde la PAC representa una fuente fundamental de ingresos para miles de explotaciones, la incertidumbre es total.
“Nos jugamos la supervivencia del modelo agrario tradicional y familiar”, aseguran desde el sector. En los próximos meses, las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas jugarán un papel clave en la defensa del campo ante Bruselas.
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