Castilla-La Mancha lidera las nuevas plantaciones de viñedo en 2025 con casi la mitad de las hectáreas autorizadas.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado luz verde a la distribución de 914 hectáreas para nuevas plantaciones de viñedo en 2025, en el marco del actual régimen de autorizaciones. Castilla-La Mancha encabeza el reparto con 472 hectáreas, consolidando su liderazgo en el sector vitivinícola nacional.
La asignación, comunicada a las comunidades autónomas, prioriza a jóvenes viticultores y explotaciones pequeñas y medianas, quienes han recibido el 100 % de la superficie admisible solicitada —con un máximo de 5 hectáreas por solicitante—. También se han beneficiado plenamente aquellos productores que no tienen viñedo ilegal o abandonado y han cumplido con los requisitos del régimen vigente.
En cambio, los solicitantes sin criterios de prioridad solo recibirán el 30,2 % de la superficie admisible.
En términos porcentuales, el 70,6 % de la superficie autorizada irá a parar a viticultores con explotaciones de tamaño medio o pequeño, de los cuales un 21 % son jóvenes. Además, un 2,7 % del total concedido se destina a nuevos incorporados al sector.
Castilla-La Mancha se sitúa muy por delante de otras comunidades como Castilla y León (126 hectáreas) y Cataluña (115 hectáreas). La demanda total alcanzó las 1.707 hectáreas, pero tras aplicar los criterios de elegibilidad y el límite por solicitante, la superficie admisible se redujo a 1.257 hectáreas.
La tendencia a la baja en la solicitud de nuevas plantaciones se mantiene: este año la superficie solicitada ha caído un 9,5 % respecto a 2024, cuando ya se había registrado una bajada del 41 % frente a 2023.
Las comunidades autónomas tienen hasta el 1 de agosto para comunicar la resolución a los beneficiarios, según el procedimiento habitual.
Un modelo de crecimiento regulado
Desde 2016, el crecimiento del viñedo en España está regulado mediante el régimen de autorizaciones de plantación, en sustitución del anterior sistema de derechos. Este modelo, alineado con la normativa de la Unión Europea, busca garantizar un desarrollo sostenible del potencial vitícola nacional.
Para 2025, el cupo máximo de superficie se ha fijado en un 0,1 % de la superficie nacional plantada a fecha 31 de julio de 2024, lo que equivale a las 914 hectáreas finalmente autorizadas, conforme a la recomendación de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE).
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