Objetivo: Reducción del uso de fitosanitarios un 50% en 2030.
La Comisión Europea ha presentado la propuesta de reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios, en el marco de la Estrategia de la Granja a la Mesa, con la que actualizará la normativa aplicable a estos productos, que data del año 2009.
Al optar por un reglamento, en lugar de una directiva, la Comisión Europea pretende reforzar la aplicación de la normativa. La propuesta establece la obligación de que los Estados miembros fijen objetivos de uso y reducción de productos fitosanitarios a nivel nacional, con arreglo a criterios comunes, de manera que, en el año 2030 se pueda alcanzar el objetivo de reducción del 50 % en el conjunto de la Unión Europea (UE).
La propuesta refuerza igualmente el empleo de la gestión integrada de plagas, ya recogida en la normativa de 2009, para fomentar el uso de medios de lucha alternativos a los productos fitosanitarios y el empleo de productos de menor riesgo.
Plan de Acción Nacional
En el marco del Plan de Acción Nacional aplicado conforme a la directiva europea actualmente en vigor, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) realiza una labor de coordinación con las autoridades competentes de las comunidades autónomas, así como de información y cooperación con el sector para reducir el uso y el riesgo de los productos fitosanitarios y para fomentar el empleo de la gestión integrada de plagas.
De la misma manera el ministerio viene apoyando el empleo de agentes de control biológicos en la lucha contra plagas y enfermedades, así como la extensión de las guías de gestión integradas a todos los cultivos.
TE PUEDE INTERESAR: Principales enfermedades de la vid y sus síntomas
El MAPA ha apostado por el fomento de la agricultura de precisión para la reducción del uso de productos fitosanitarios. Así, en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia se contempla una línea de apoyo de 79 millones de euros para inversiones en agricultura de precisión y tecnologías 4.0.
El ministerio valora que la propuesta de reglamento presentada por la Comisión Europea se base en la evolución de los indicadores de riesgo armonizado con los que ya se vienen trabajando y que permita a los Estados miembros fijar sus propios objetivos de reducción, en base a criterios comunes, de manera que se tengan en cuenta sus propias particularidades y dar continuidad al trabajo realizado.
