EFOW y CECRV se oponen a la propuesta de la comisión europea para la reforma del sistema de IIGG.
La European Federation of Origin Wines (EFOW) y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) entienden que la propuesta de la Comisión para la reforma del sistema de indicaciones geográficas carece de visión, porque no solo no simplifica la gestión de las indicaciones geográficas, sino que la complica, pretendiendo externalizar parte de las tareas y responsabilidades en materia de gestión de IIGG de la DG AGRI (Comisión Europea) en la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), lo que, de facto, supondría un reduccionismo del concepto de indicación geográfica, ya que centraría buena parte de su política en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual (la EUIPO se dedica a la protección de marcas y diseños en la UE), cuando una IG es mucho más que la protección del nombre. Una indicación geográfica no es una expresión de intereses privados que sólo protege un nombre o un signo. Las indicaciones geográficas son derechos colectivos que desempeñan funciones públicas sobre los productos agroalimentarios (control, promoción de la calidad diferenciada vinculada a un territorio, en beneficio del desarrollo rural de una zona…).
Reforma sistema indicaciones geográficas
La propuesta legislativa resulta, para EFOW y para CECRV, poco clara, en dos sentidos. Por una parte, porque, aunque pretenda simplificar el sistema de indicaciones geográficas, en realidad lo que hace es complicar su gestión. Como advierten los responsables de estas organizaciones, esta simplificación es solo para la Comisión Europea y no para los operadores de indicaciones geográficas, porque la propuesta multiplica el número de interlocutores institucionales para las IIGG, ya que, a la Comisión Europea se añadiría la EUIPO. Y por otra, porque resulta preocupante que la Comisión Europea no proporcione más detalles sobre el funcionamiento del nuevo sistema de indicaciones geográficas en su propuesta, atribuyéndose en la misma, por el contrario, múltiples poderes delegados, que permitirían a la Comisión decidir sobre ellos con un amplio margen, vía legislación secundaria, y, en consecuencia, con un poder de control menor por parte del Parlamento Europeo y los Estados miembros, que verían limitada su co-decisión en este proceso de tramitación legislativa, pudiendo aceptar o rechazar propuestas de la Comisión en forma de reglamentos delegados y de ejecución, pero no plantear modificaciones sobre las mismas.
Una propuesta que contempla algunos elementos positivos (sobre todo, en cuanto al refuerzo de la representatividad de las agrupaciones de productores reconocidas como IIGG y en materia de protección de las indicaciones geográficas cuando estas se usan como ingredientes). Por todo ello, las organizaciones representativas de las indicaciones geográficas consideran que una reforma en los términos de la planteada no es en modo alguno necesaria ni demandada por las figuras de calidad, que sí están satisfechas con las actuales disposiciones que sobre las indicaciones geográficas introdujo en diciembre del año pasado la nueva PAC y que ya permiten a las DDOO reforzar su sostenibilidad y una mejor protección normativa. Sin embargo, la propuesta presentada por la Comisión no solo no amplía esos ámbitos, sino que plantea obstáculos a su aplicación y no aporta ningún valor añadido a lo ya incluido para las figuras de calidad en la nueva PAC. Así, EFOW y sus miembros, caso de CECRV por parte española, trabajarán intensamente con el Parlamento Europeo y con los Estados Miembro en los próximos meses, durante el proceso de tramitación legislativa de este proyecto, para lograr una política sólida de IIGG.
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