Presunta comercialización como crianza, reserva y gran reserva de vinos DO Valdepeñas.
El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama tomará declaración este miércoles como investigado al presidente y administrador único de García-Carrión en la causa sobre la presunta comercialización como crianza, reserva y gran reserva de vinos que supuestamente no cumplían los requisitos de elaboración ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble. Días más tarde, el 29 de abril, será el turno del consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de las bodegas Félix Solís.
Un comunicado de la Agencia Europa Press informa que ambos declararán como investigados en la causa que se sigue por los presuntos delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental en venta de vinos de Valdepeñas.
Irregularidades en los informes
Fue en abril de 2021 cuando el magistrado admitió a trámite mediante un auto una denuncia presentada por la Fiscalía para investigar si varias bodegas de la Denominación de Origen Valdepeñas comercializaron como crianza, reserva y gran reserva vinos que «no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella».
Tras el análisis de las cantidades declaradas correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, el juez ponía de manifiesto que «evidencia una falta de concordancia entre los datos proporcionados por los diferentes organismos involucrados en la producción, control y certificación, que hace poner en duda la veracidad de la información proporcionada por los investigados, con independencia de la posible participación en los hechos del resto de operadores que intervienen en este proceso».
En relación con los vinos con mención gran reserva 2018, se habrían comercializado más litros de los declarados como aptos existiendo una discrepancia de más de seis millones de litros entre los datos de declaración de aptitud del Consejo Regulador y los litros comercializados por la bodega en el periodo de 2017 a 2019.
El juez acordó también dirigir el procedimiento contra dos empresas certificadoras por cuanto podrían haber actuado como cooperadores necesarios de los ilícitos penales investigados.
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