La denuncia de fraude por el etiquetado de los vinos DO Valdepeñas llega a los tribunales.
Fue en 2019 cuando comenzó la guerra por las contraetiquetas oficiales en la Denominación de Origen Valdepeñas. Empresarios y agricultores llevan tiempo pidiendo que se aclare el etiquetado que indica si un vino es crianza, reserva o gran reserva.
La investigación llevada a cabo por la Fiscalía provincial de Ciudad Real viene a raíz de las protestas de asociaciones agrarias y AVIVAL, asociación a la que pertenece Vinartis, bodega del grupo García Carrión. Denuncian que desde la asociación ASEVIVALDEPEÑAS a la que pertenece Félix Solís han estado vetando que se introduzcan las contraetiquetas específicas para distinguir lo que es un vino joven de un vino reserva o gran reserva.
Desde el periódico OKDiario se hacen eco de que según Avival, si prosperaran estas medidas judiciales se terminaría con el «derecho de veto» que la empresa de Félix Solís estaría ejerciendo en la Denominación de Origen Valdepeñas, junto con otras bodegas también denunciadas ante la fiscalía por el grupo García Carrión por fraude en la comercialización de vino D.O. Valdepeñas (como Bodegas Navarro López y Fernando Castro). Según los denunciantes, estas compañías vienen impidiendo que se celebren reuniones o que se llegue a acuerdos.
Reuniones para llegar a acuerdos
Este pasado viernes 12 de junio estaba prevista una reunión de la junta del consejo regulador de la DO para tratar principalmente el etiquetado de la DO Valdepeñas pero que finalmente no pudo celebrarse al no haber quorum. El motivo es la no presentación de los productores, integrados por Coop. Agroalimentarias, ASAJA, COAG y UPA, que anunciaron su no asistencia previamente por carta a modo de presión para poner en relieve su idea de valorar abandonar la entidad, según ha declarado sus representantes al medio Lanza Digital. Igualmente AVIVAL envió un escrito anunciando que se sumaba al sector productor y que tampoco asistiría.
Los productores buscan un cambio en la DO Valdepeñas que suponga un antes y un después para construir una nueva denominación de origen. Para ello piden que la Consejería de Agricultura, que tiene las competencias en la certificación, se haga cargo de la DO, si puede, y que se pronuncie en un sentido u otro para decir lo que está bien y lo que no; o que la justicia se manifieste sobre las denuncias y sobre si hay fraude; o que la Junta Directiva acometa un cambio en el sistema de votos antes del 24 de julio.
