Representantes de bodegas y de denominaciones de origen analizan los próximos procesos de reforma de la UE.
Reunión entre la Federación Española de Vino (FEV) y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) en la que ponen de manifiesto que tienen claro que el sector del vino, uno de los principales motores del sector agroalimentario, tanto a nivel UE, como a nivel nacional, debe mantener su especificidad y salir de estos procesos de reforma reforzado y consolidado como fuente de desarrollo rural, prosperidad y sostenibilidad de las zonas rurales europeas y de nuestro país.
Estos procesos de tramitación, que se encuentran en su fase inicial o preliminar, se van a desarrollar y completar durante los próximos dos años. Y todos ellos tendrán implicaciones significativas para bodegas y denominaciones de origen, en términos de indicaciones de etiquetado, de presupuesto y prioridades temáticas para la promoción con fondos europeos horizontales (para todos los productos agroalimentarios) y de definición de sostenibilidad, para determinar qué se considera como producto agroalimentario sostenible.
Reunión FEV y CECRV
Con el fin de buscar la mayor unidad de criterio posible a la hora de establecer las demandas y necesidades del sector que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo deben tener en cuenta, las dos organizaciones representativas del sector acordaron defender de manera coordinada las siguientes cuestiones:
– Que las disposiciones que en materia de etiquetado nutricional y de ingredientes para el sector del vino ya están incluidas en el nuevo reglamento de la OCM, y que entrarán en vigor el 8 de diciembre de 2023 deben mantenerse como están, permitiendo el uso de herramientas digitales para trasladar parte de la información al consumidor.
– Que la nueva política de promoción resultante contenga un presupuesto más equilibrado entre sus diferentes prioridades y no excluya ni discrimine a un sector como el vino.
– Que el concepto de sostenibilidad que pretende establecer la Comisión Europea quede focalizado en sus aspectos medioambientales, económicos y sociales, indisolublemente ligados, dejando fuera otros enfoques y ámbitos que, si bien pueden ser tenidos en cuenta en otras áreas regulatorias, nada tienen que ver con el concepto de sostenibilidad.
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