Las asociaciones abajo firmantes, que representan a la gran mayoría de las partes interesadas en las Indicaciones Geográficas (IG) europeas, están muy preocupadas por la dirección que parece haber tomado la Comisión Europea (CE) en la próxima reforma de la política de IG. Más concretamente, nos preocupa la intención de la CE de externalizar la gestión diaria de los pliegos de condiciones de las IG a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), responsable del registro de marcas y diseños.
Esto es extremadamente desconcertante. La CE ha estado promoviendo la singularidad del sistema sui generis de protección de las IG de la UE, que siempre ha sido gestionado a nivel nacional y de la UE por las autoridades encargadas de la agricultura como parte de la política de desarrollo agrícola y rural. Durante décadas, la CE ha invertido recursos en la promoción de un enfoque similar en todo el mundo, insistiendo en las especificidades de las IG y sus diferencias con otros derechos de propiedad intelectual, lo que justifica un sistema de gestión diferente. No sólo las IG tienen un régimen autónomo diferente al de las marcas y otros DPI, sino que son derechos colectivos que desempeñan varias funciones públicas (es decir, bien público, protección ex oficio, excepciones específicas a la ley de competencia). Las IG no son una expresión de intereses privados que sólo protege un nombre o un signo.
A lo largo de los años, las IG de la UE se han convertido en un símbolo de la calidad de los alimentos y bebidas europeos en todo el mundo. Todas las personas implicadas, agentes del sector privado y público, han realizado importantes inversiones para mejorar la protección y promoción de las IG en beneficio de muchas regiones rurales de toda la UE. La política de calidad no pretende únicamente proteger los nombres de las IG, sino también potenciar, defender y promover los puntos fuertes y las particularidades de las mismas.
La actual política de IG es un éxito. En 2013 el comercio de las IG de la UE ascendió a 54.000 millones de euros al año y en 2017 a 75.000 millones. Hoy en día, las IG representan el 15,5% del total de las exportaciones agroalimentarias de la UE.
Nuestras asociaciones creen que contamos con un sólido marco jurídico para las IG en la UE que considera el papel de las IG como instrumento de política pública, herramienta de desarrollo local y parte fundamental de las políticas agrícola y comercial de la UE.
Además, la reciente reforma de la Política Agrícola Común (PAC) ha traído consigo importantes medidas adicionales y positivas para nuestros sectores, como una importante simplificación de los procedimientos para la modificación de los pliegos de condiciones de las IG (modificaciones de la Unión y modificaciones normales), una mayor protección, la posibilidad de incluir voluntariamente elementos de sostenibilidad en los pliegos de condiciones y la posibilidad de que todas las IG hagan uso del instrumento de regulación de la oferta. Estos importantes cambios en la política de IG de la UE están en consonancia con las demandas de la sociedad y el Green Deal de la UE. Acaban de entrar en vigor y agilizarán los procedimientos en beneficio de los productores, los consumidores y la Comisión Europea.
Consideramos que las IG tienen funciones públicas. Son mucho más que simples derechos de propiedad intelectual. De hecho, han sido consideradas por los responsables políticos hasta hoy como instrumentos de política pública, que proporcionan bienes públicos a toda la sociedad europea, garantizando:
- Desarrollo local mediante el mantenimiento de la población y el empleo rurales,
- Producción no localizable,
- Precios superiores a los productores (una media de 2,85 para los vinos con IG; 2,52 para las bebidas espirituosas con IG y 1,5 para los productos agrícolas y alimenticios con IG),
- Gestión del paisaje y la biodiversidad,
- Respeto por los conocimientos tradicionales y la especificidad de los productos.
Estamos firmemente convencidos de que las IG tienen un papel destacado en la estrategia «de la granja a la mesa» y deben ser utilizadas por los responsables de la toma de decisiones de la UE y de los países como una herramienta clave para garantizar la sostenibilidad al tiempo que se preserva el equilibrio territorial a nivel regional. Esta es la razón por la que la gestión de las IG de la UE debe permanecer en manos de la Comisión Europea y no debe ser subcontratada a ninguna agencia externa.
Nuestras asociaciones creen firmemente que delegar cualquier función en términos de gestión de las IG a la EUIPO enviaría una señal negativa. Socavaría la oposición de la UE a la idea de EE.UU. de que un régimen de marcas colectivas o marcas de certificación es el medio más eficaz para proporcionar una protección de las IG compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. Esto supondría un cambio de sentido en la posición que la UE ha defendido férreamente durante años a nivel internacional.
Además, es fundamental tener en cuenta que nuestros pliegos de condiciones de las IG incluyen cada vez más disposiciones que van más allá de la protección del nombre. Por ello, la Comisión Europea es la única autoridad que tiene la experiencia necesaria para ocuparse de ellas, ya que tiene la capacidad de evaluar los elementos de los pliegos de condiciones de las IG que tienen que ver con la sostenibilidad (inherente a las IG), la calidad, la competencia leal, etc. todos ellos elementos que van a ser cada vez más centrales dado el Green Deal de la UE. La Comisión también puede garantizar que el sistema de IG siga siendo verdaderamente europeo, asegurando la uniformidad y la coherencia en su aplicación en toda la Unión.
Por último, rechazamos un argumento de la CE que dice que necesita disponer de más recursos para ocuparse de la política de las IG. Creemos que las nuevas normas desarrolladas para simplificar el procedimiento de modificación (modificaciones de la Unión y modificaciones normales) de los pliegos de condiciones de las IG serán eficaces para ayudar a la Comisión Europea a hacer frente a los posibles retrasos y acumulaciones, como se demostró cuando se introdujeron estos cambios para los vinos con IG hace unos años. Actualmente, el número de expedientes pendientes es mucho más limitado y los operadores de IG no sufren retrasos.
En resumen, la actual política de IG es algo más que la protección de un nombre, es una parte integral y exitosa de la política común de desarrollo agrícola y rural. Debería seguir formando parte de ella y ser gestionada íntegramente por la Comisión Europea.
Por lo tanto, pedimos que la Comisión Europea, y más directamente la DG AGRI, siga participando en la gestión de la política de las IG, a la luz de su comprensión global de las IG de la UE, incluida la promoción del desarrollo rural, la sostenibilidad, la protección exoficio y la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales
Fdo. AREPO, AREV, EFOW, oriGIn EU.
